El Crédito y la Recuperación de Deuda, en el ojo de la ‘tormenta normativa’


 

El pasado 19 de Abril, se desarrolló en Madrid el 2º Foro de Recuperación Judicial, organizado por CMS en colaboración con FIDE [Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa] y el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. El centro de gravedad de esta segunda edición giró en torno al efecto real de las últimas reformas legales en materia de tramitación de los procesos judiciales, con especial atención al ‘impulso’ de los legisladores a la ‘digitalización’ de la Justicia.

Algunas pinceladas sobre el punto de vista de los órganos y principales agentes de la cadena procesal, desde la perspectiva de los ‘no iniciados’:

Ley de Enjuiciamiento Civil 42/2015, la ‘madre de todas las tormentas’.

Capítulo I, sobre los conceptos.

Sin apenas ‘calentamiento’, un partido decisivo: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil 42/2015, la ‘madre de todas las tormentas’ de la ‘digitalización judicial’. En primer lugar y en palabras de Gabriel María de Diego, Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, ‘los Procuradores están capitalizando los beneficios de la digitalización sobre todo en la fase de notificación’, una buena noticia para empezar, después hubo tiempo para los ‘claroscuros’.

DSC4716Una opinión autorizada sobre el alcance y el resultado práctico de la reforma: Antonio Viejo, Magistrado Decano de los Juzgados de Madrid. A juicio del Magistrado Decano, ‘Estamos dando los primeros pasos, poniendo las bases…, las perspectivas en el medio plazo son buenas en lo que se refiere a la agilización de los procedimientos sobre todo para el interviniente, no tanto para el órgano jurisdiccional’.

Antonio Viejo subrayó igualmente que se ha producido una patente desigualdad territorial en los niveles de implantación y ejecución de la reforma. Por propia experiencia, admitió que Madrid representa un caso paradigmático del retraso en su aplicación real, por causas ajenas a la propia administración de justicia madrileña, frente a otras comunidades que han avanzado más rápidamente. Gabriel María de Diego, ratificó esta opinión con una frase lapidaria: ‘El expediente electrónico, el objetivo legislativo para junio 2016, ni está ni se le espera’. Antonio Viejo nos explicó el porqué:

De forma constructiva, sugirió a los legisladores que ‘hubiese sido mejor analizar la realidad específica de cada ámbito territorial, su situación y capacidades, sus necesidades; y a partir de ahí, establecer un plan de ejecución singularizado’ y, por supuesto, el Magistrado Decano, apoyado por Cristina Jiménez Savurido, Presidenta de FIDE y Magistrada en excedencia, reclamó una inversión en dotación de medios tecnológicos y de personal que permita a todas la comunidades alcanzar los objetivos marcados en el plazo establecido, dicho de otra forma en palabras de Antonio Viejo ‘colocar a todos en la misma línea de salida’.

Capítulo II, la realidad de los primeros días.

¿Y qué opinan los profesionales que tratan de aplicar todos los días el nuevo marco legal en el contexto del recobro judicial?

DSC4857El punto de vista de David Martín Ibeas, Director de Ald Abogados-Axactor lo podríamos resumir con la expresión ‘implantación no buena’ [disculpas por la licencia lingüística]. Según sus propias palabras una implantación fallida por ‘la falta de modelo y protocolo a seguir y de inversión suficiente [la tecnología no termina de funcionar]; la falta de formación y de un criterio único de aplicación de la ley’.

Esther Somoza Hernández, Letrada del Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Torrejón de Ardoz de Madrid, compartió con los asistentes su experiencia personal con la plataforma digital LexNet: ‘en mi juzgado, somos conscientes de que estamos en la primera fase y que todo irá mejorando poco a poco. En los primeros días de aplicación de los requerimientos de la nueva ley hemos sufrido problemas por el mal funcionamiento de la tecnología y la escasez de medios tecnológicos [Por ejemplo, las tarjetas criptográficas], y también por la falta de criterios comunes entre los diferentes órganos y partes del proceso. Este escenario ha provocado duplicidades, retrasos, agotamiento de plazos y, en algunos casos, la nulidad de las actuaciones’. La Letrada subrayó otra vez la falta de medios y formación suficientes.

la Directora de Gestión Judicial de la compañía Acuerdo Servicios Jurídicos, Silvia Trapote, nos habló desde la perspectiva de una empresa de recuperación de deuda con gran experiencia en el recobro por vía judicial: ‘como empresa privada, ya habíamos recorrido con anterioridad una parte importante de la ruta de la digitalización, sobre todo en la relación con los procuradores. Aún así, ha sido necesario un esfuerzo adicional de desarrollo y formación para adaptarse totalmente al cambio’.

Y para terminar, Aníbal Bordallo Huidobro, Procurador de los Tribunales aportó una visión muy interesante sobre ‘el Procurador, ese gran desconocido’. Destacó la figura del Procurador, las dimensiones de su función aún poco utilizadas o poco conocidas [avaladas por reconocimiento legal reciente] como la notificación y comunicación en los procesos, la aportación de seguridad en la ejecución o, la muy reciente, labor de la custodia de bienes embargados y la realización de los mismos.

Capítulo III, buscando soluciones para agilizar el proceso de recuperación.

DSC4490Ignacio Argos Linares, Procurador de los tribunales y Tesorero de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, realizó una encendida defensa del papel del Procurador en la fase de ejecución: ‘Abogo por que el Procurador realice todas las acciones judiciales que no forman parte de la naturaleza esencial de la función del letrado de la Administración de Justicia. Facultades recogidas en el anteproyecto de ley de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2013 y para algunas de las cuales los procuradores ya están habilitados a día de hoy, como la realización de requerimientos de pago, embargos en determinadas situaciones, realización de medidas de garantía o ser nombrados administradores judiciales’. Ignacio explicó los grandes beneficios que conllevaría este nuevo papel del Procurador en términos de descarga de trabajo de los juzgados y agilización de los procesos.

Pasó revista a la recuperación de impagados en el sector del Leasing y Renting, Manuel Pedro Bernáldez Bernáldez, Presidente de la Comisión Jurídica de la Asociación Española de Leasing y Renting, introducciendo la figura jurídica del ‘juicio verbal sumario’ para la recuperacion de bienes, como herramienta, en la teoría útil, para agilizar la recuperación de deuda en este sector, aunque resumió algunos aspectos que han restado eficacia a esta nueva figura como, en propias palabras, ‘la pérdida de su verdadero carácter sumario, una redacción del texto legal en algunos puntos confusa y contradictoria, y la necesidad de que en la práctica dichos juicios sean siempre de tramitación preferente’.

DSC4489José Manuel Sánchez De La Torre, Director del Área de Asesoría Jurídica Contenciosa de Banco Mare Nostrum, compartió con los asistentes su ‘arsenal’ de estrategias litigadoras para agilizar los procesos de recuperación hipotecaria y ser más ‘eficientes’, usando una frase muy ilustrativa ‘El tiempo es el enemigo de la recuperación’:
Evitar que las cláusulas abusivas se conviertan en un ‘cuello de botella’ y bloqueen el proceso.
Renunciar al ‘suelo’ y centrarse en el principal.
Calcular los intereses de demora en base a la última jurisprudencia del TS. ‘No marear la perdiz’.
No ‘bloquearse’ con el debate jurídico sobre el vencimiento anticipado y siempre dar, desde el princicipio, la oportunidad de rehabilitación del préstamo.
‘Cultivar’ siempre las ‘alternativas negociadas’ y las ‘posesiones amistosas’ [Quitas, dacción en pago, dacción en pago con alquiler de la propia vivienda o vivienda alternativa, venta a otro comprador, entre otras].

 

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